NACIONAL: Sin estado de derecho no habrá crecimiento económico

Para cualquier persona que piense con cierta lógica queda claro que la aplicación del estado de derecho es esencial para que haya crecimiento económico. En este sentido es conveniente señalar que el estado de derecho es un concepto multidimensional que se conforma de diversos componentes que van desde garantizar la seguridad de las personas, los derechos de propiedad, las revisiones al desempeño del gobierno y el control de la corrupción, lo que implica sancionarla de manera ejemplar. 

¿Pero que es el estado de derecho? Permítanme explicar esto con referencia al futbol. Todos saben que en este juego las reglas del juego son las mismas para todos, de manera que si un jugador le da una patada deliberada a un contrario será expulsado. Ese jugador violento no se puede quedar en la cancha porque sea el que gana el mayor salario de todos los participantes en el juego o por ser amigo del árbitro. Así pues, ese jugador no puede exigir que se le aplique una excepción y que lo dejen seguir jugando, por lo que deberá ser sancionado con una expulsión. Desafortunadamente en el mundo real, en el que se dan los negocios, así no funcionan las cosas y existen ciertos grupos de poder (económico, político y social) que tienen la capacidad de mover las reglas del juego a su favor para poder hacer cosas fuera de la ley sin ser sancionados, aunque esto implique pasar por encima de los derechos de los demás. 

En México, como en muchos países en vías de desarrollo, existe una elite (no necesariamente económica) que tiene “el poder” de pasar por encima de las leyes, reglas y regulaciones. Esto es facilitado por las deficiencias en el diseño del marco legal, la forma como éste funciona, y la manera como es vigilado y sancionado su cumplimiento. Sabemos que en México muchas leyes y regulaciones están pobremente diseñadas, se presta a diversas interpretaciones, son defectuosas, y por lo tanto son difíciles de aplicar. Más aún, en muchas ocasiones son administradas en formas contrarias a sus intenciones y espíritu, lo que es causado en parte por una débil aplicación de las mismas. Resulta obvio que todo esto afecta la eficiencia en la utilización de recursos y por lo tanto el desempeño de la economía.  

Con esto en mente, tenemos que tanto en la literatura de la ciencia económica, como de la ciencia política, se señala que existe una fuerte relación entre el estado de derecho y el crecimiento económico. Para los empresarios e inversionistas es fundamental que exista un respecto a los derechos de propiedad y de libre tránsito; y que existan las instituciones requeridas para hacerlos valer, tales como un Poder Judicial autónomo (que cumpla la ley) y que se lleven a cabo revisiones del desempeño gubernamental. 

En este sentido, existen múltiples modelos académicos que identifican a la omisión del gobierno federal para salvaguardar la propiedad privada (ya sea de bienes muebles o inmuebles) como una de las principales limitantes para el crecimiento económico; y las conclusiones para las políticas públicas son claras: que el gobierno haga valer la ley es crucial para el desempeño económico.  

Por su parte, el papel que juega la violencia también se ha destacado como una restricción aún más importante para el proceso de crecimiento. En muchos países en desarrollo –muchos de ellos llamados “estados fallidos”- es la debilidad del gobierno y su incapacidad de proveer legalidad y orden, en el sentido más elemental, lo que constituye la barrera más significativa para el crecimiento económico.   

Habiendo dicho todo lo anterior, llama poderosamente la atención la falta de fortaleza por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México para poner un alto a los abusos cometidos por parte de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de los intereses de ciudadanos y empresarios, quienes han demostrado todos los días que no les interesa llegar a un acuerdo con el gobierno que ponga fin a las violaciones a la ley que cometen en perjuicio de los millones de mexicanos que estamos preocupados al ver como en un entorno internacional tan complejo México se distingue por ser un país en el cual las leyes no se respectan.

Las cúpulas empresariales han salido a manifestar su molestia y a querer ejercer presión para que el gobierno federal ponga orden. ¿Y que lograron? Pues amenazas por parte de funcionarios como el Jefe del SAT, quien les advirtió que si no pagan impuestos o declaran en ceros (ante sus pérdidas causadas por lo que hace la CNTE y la falta de acciones por parte del gobierno federal) se meterán en problemas por las consecuencias jurídicas que establece la ley.

Ojala que con la misma claridad y firmeza como el gobierno federal respondió a los empresarios afectados, así respondieran a los revoltosos que no dejan que este país avance. Pero no, el gobierno sabe que con los empresarios decentes si puede tener un discurso duro y aplicar la ley, pero con los grupos sociales que buscan el atraso de México, no; con ellos sí mucho diálogo, negociación y la no aplicación de la ley.   

En este contexto, las perspectivas económicas de México se han deteriorado considerablemente. Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene su meta de crecimiento económico en un rango de 2.2% a 3.2%, Banamex ya la ubica en 2.10%. Es un hecho que conforme avancen los meses para que termine este año veremos las perspectivas ajustarse a la baja para tal vez cerrar con un crecimiento en torno al 1.8% a 1.9% en el 2016.

Esto implica que habrá menos creación de empleos, siendo que en nuestro país al segundo trimestre de este año hay 2.105 millones de desempleados, y de la población ocupada 35.834 millones de personas ganan menos de 3 salarios mínimos al día (menos de 6,600 pesos al mes). Entonces lo que está sucediendo es que estamos en un círculo vicioso en la que amplios grupos sociales descontentos toman cualquier pretexto para salir a manifestarse, interrumpen la actividad económica, hay menos crecimiento económico, lo que deteriora aún más las perspectivas económicas del país. 

Afortunadamente, dentro de estos graves problemas, hay una buena noticia y es que todo parece indicar que Donald Trump no ganará la presidencia de los Estados Unidos. Esto debido a los múltiples errores que ha cometido con su discurso ofensivo contra diversos grupos estadounidenses (mujeres, latinos, musulmanes, familias de soldados fallecidos, etc.). Sin embargo, el daño para México ya está hecho porque ha creado un clima anti mexicano y se han frenado algunas inversiones; por lo que si no gana él estas elecciones, pues con tatos millones de seguidores que tiene, no pasará mucho tiempo antes de que surja un nuevo candidato que abandere sus causas, pero teniendo un discurso que si le permita llegar a la Casa Blanca. 

A manera de conclusión podemos señalar que el estado de derecho y un sistema legal fuerte es una condición necesaria para que nuestro país se beneficie de un desarrollo sustentable. La relativa debilidad de estos elementos en México se puede considerar ya como uno de los principales obstáculos para el crecimiento, por lo que el fortalecimiento del estado de derecho y del sistema legal debe ser la prioridad para un gobierno que, de acuerdo a las últimas encuestas, solamente goza del 23% de aprobación por parte de la ciudadanía, nivel equiparable al nivel de Nicolas Maduro, presidente de Venezuela.

Director General GAEAP*
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